La inteligencia artificial y el litigante en causa propia

Un estudio de Anand V. Shah (MIT) y Joshua Y. Levy (University of Southern California) concluyó que, en Estados Unidos, el número de demandantes que acuden a la justicia sin apoderado se incrementó del 11%, promedio del período 2005-2022, al 14,5% en 2024 y al 16,8% en 2025.

Shah y Levy examinaron 1.600 demandas civiles federales presentadas entre 2019 y 2026 con detectores de texto generado por IA y encontraron que los resultados positivos se incrementaron de cero antes de 2023 al 18% a comienzos de 2026.

Por consiguiente, podría pensarse en principio que la IA ha ampliado el acceso a la justicia para los ciudadanos que usualmente no logran acudir a ella por falta de recursos, y que quien no puede pagar un abogado encuentra hoy en la IA un asesor gratuito y la posibilidad de redactar su propia demanda.

Or Cohen-Sasson, sin embargo, resalta la otra cara de la moneda y señala que las demandas elaboradas con IA son inadmitidas con mayor frecuencia y no obtienen más decisiones favorables, lo que sugiere que esa herramienta no proporciona necesariamente un mejor acceso a la justicia.

Ed Walters, en “Re-Regulating UPL in the Age of AI” (Law Practice Magazine, American Bar Association, marzo - abril de 2025), plantea que quien consulta un modelo de propósito general no obtiene un criterio jurídico sino una aproximación estadística, sin las bases documentales que respaldan a las herramientas diseñadas para el oficio, y con el riesgo de recibir citas de jurisprudencia inventadas.

Sin la revisión de un abogado, esa orientación puede resultar incompleta o simplemente equivocada, y el ciudadano no está en condiciones de advertir el error.

Aunque la herramienta permite realizar tareas elementales como resumir, extraer información o redactar un correo, la falla aparece cuando se le pide algo que excede esa capacidad, y ahí el resultado suele ser la inadmisión de la demanda.

El ABA Journal agrega el problema del sesgo complaciente (la herramienta tiende a decirle al usuario lo que quiere oír, así la respuesta sea incorrecta) y el del escrito improcedente (el litigante alimenta el modelo con elementos que no entendió del proceso y radica un documento que no es acorde con el procedimiento).

A diferencia de Estados Unidos, en donde cualquier ciudadano puede acudir directamente a la justicia civil, en Colombia el artículo 73 del Código General del Proceso exige que quien comparezca a un proceso lo debe hacer a través de un abogado, salvo las excepciones que la ley contempla. Es el caso de la acción de tutela, la oposición en diligencias de secuestro o entrega de bienes y algunos asuntos de mínima cuantía.

Por consiguiente, la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para litigar en causa propia queda reducida, en Colombia, a estos pocos casos.

Sin embargo, no se cuenta en el país con datos suficientes para adelantar un estudio como el que ha sido objeto de comentario.

La pregunta es si estas herramientas tienen la capacidad de ampliar el acceso a la justicia con una calidad aceptable o con la suficiente idoneidad para tener éxito en el proceso.

La experiencia estadounidense sugiere que la IA multiplicó las demandas, pero no mejoró su suerte.

Nada garantiza que en Colombia no ocurra lo mismo en los casos en donde la ley permite actuar sin abogado.

Además, persiste el riesgo de que estas herramientas queden por fuera del alcance de las clases que no tienen acceso a la conectividad digital, lo que terminará por acentuar las desigualdades.

Nota: en la elaboración de este artículo se emplearon herramientas de inteligencia artificial para corregir gazapos y puntuación y para revisar la redacción. El contenido, las ideas y las opiniones corresponden por completo al autor.